En este post quisiera profundizar un poco sobre el concepto de “Banda Ancha Social” que aparece sólo mencionado tangencialmente en la entrevista que me realizaron en el diario “La Tercera” del dí­a de ayer.

Ver la entrevista AQUI.

Banda Ancha Social

El Estado debe garantizar el acceso a Internet para toda la población del paí­s. Mientras antes implementemos dicha polí­tica, más pronto comenzaremos a cosechar sus frutos. No es simple cuestión de tecno-euforia: En Estados Unidos, la Brookins Institution (un prestigioso centro de investigación) ha calculado que tener una red nacional de banda ancha podrí­a generar 1.2 millones de empleos, mientras que el no tenerla podrí­a haber causado la pérdida de 750.000 empleos.

Debemos avanzar hacia una infraestructura de banda ancha de uso público. Eso parece ser un hecho. Sin embargo, las modalidades especí­ficas en la que una polí­tica de esa naturaleza podrí­a finalmente implementarse tienden a ser menos claras.

En un extremo, uno podrí­a sugerir que el Estado deberí­a poseer (controlar) la infraestructura necesaria para garantizar una red de acceso público, que a modo de ejemplo, podrí­amos igualar a construir una carretera nacional, como la Ruta 5, es decir, la carretera que nos une fí­sicamente con el resto del mundo. Lo anterior implica un retorno al rol empresario del Estado, situación que probablemente no serí­a muy popular en el contexto actual.

En el otro extremo, el Estado podrí­a “comprar” a los privados el derecho de uso o concesionar la construcción de una cierta infraestructura de conectividad. En la práctica, esto es algo que ya esta haciendo, por ejemplo, con la red nacional que administra el Ministerio del Interior.

Considerando la rápida evolución tecnológica, parece tener más sentido una estrategia en la que el Estado suscribe contratos con empresas privadas para que sean éstas las que le provean de la mejor Internet posible, en vez de ejecutar gastos enormes en una tecnologí­a que en dos o tres años podrí­a quedar obsoleta o relegada a un segundo plano, por ejemplo, el cambio de Internet ví­a módem, luego, Wi-Fi y ahora Wimax.

El problema de una estrategia como esta (en cualquiera de las dos formas) es que podrí­a implicar un choque con las empresas privadas, las que con justa razón podrí­an demandar al Estado por violar las leyes vigentes. Por ejemplo, si grandes empresas como Telmex o Entel entraron al negocio Wimax (y están invirtiendo para levantar la infraestructura necesaria) es porque existí­an certezas legales que garantizaban reglas del juego claras.

La única salida razonable para esta situación es aprovechar la ventaja que la propia evolución de la tecnologí­a ofrece. Me explico. Hoy por hoy, la mayor parte de los usuarios de Internet que tienen banda ancha están navegando a velocidades sobre 160kbps, existiendo en el mercado nacional velocidades que pueden superarla en al menos 10 veces. El desarrollo de una cultura digital y la generación de contenidos más “pesados” (videos, juegos, file sharing, etc.) ha llevado que paí­ses como Estados Unidos o Japón cuenten cada dí­a con mayores velocidades. En Korea del Sur, probablemente el lí­der mundial en estos momentos, sobre el 70% de los hogares tienen Internet ADSL con velocidades sobre 1MBps.

La consecuencia práctica de esto: Para las empresas será cada vez menos atractivo vender paquetes de velocidades entre 56k-128kbps puesto que los clientes se van moviendo a las velocidades superiores en la medida que se van transformando en usuarios más intensivos de Internet. (ver imagen)

Ese rango de conectividad de Internet (56k-128kbps) es lo que en mi opinión deberí­a garantizar (en el corto plazo) el Estado a toda la ciudadaní­a. A esto es lo que yo llamo BANDA ANCHA SOCIAL, es decir, una polí­tica pública que permita un acceso a Internet generalizado y con una visión solidaria. Para que este esquema funcione, las empresas tendrí­an que ofrecer como Internet Banda Ancha el rango por sobre 128kbps, dejando lo que esta por debajo de eso para que el Estado pueda administrarlo. Obviamente el Estado deberí­a asumir el costo de esta polí­tica y priorizar su distribución (por ejemplo, potenciando el programa Enlaces, la Red Nacional de Infocentros o Biblioredes), pero en cualquier caso, es algo que deberí­amos tener masivamente antes del bicentenario.
Uno podrá reclamar muchas cosas respecto de esta propuesta, por ejemplo que es una velocidad inaceptable (aunque mucho mejor que ví­a módem), pero no debemos olvidar que la mayorí­a de las aplicaciones más básicas (navegar, leer correo, chatear e incluso hablar por skype) pueden funcionar con velocidades cercanas a 128kb. Complementariamente, cuando uno señala que serí­a deseable ofrecer “banda ancha para todos”, es importante entender que desde un punto de vista económico es más eficiente moverse progresivamente en este caso. Más adelante, cuando tengamos una cantidad mayor de usuarios y necesidades, podemos pasar a otros niveles más avanzados, como en el caso de esta campaña en EEUU.
Igualmente, se podrí­a sugerir que esta polí­tica rompe el rol subsidiario del estado y lo hace intervenir de manera inaceptable en los asuntos propios del mercado, respecto de lo que se podrí­a señalar que, en el fondo, esta polí­tica deberí­a ser entendida también como una manera de facilitar el “contagio” con Internet (crear mayor demanda), por lo que en el largo plazo las empresas se beneficiaran de todos modos al tener a un volumen creciente de clientes en condiciones de adquirir mayores velocidades.

Además, el argumento polí­tico de fondo es el mismo que ya indicó la Presidenta Bachelet: “El acceso a las tecnologí­as de la información será una prioridad. Ellas son la infraestructura invisible de esta nueva época. Así­ como la electricidad y el agua potable fueron los servicios básicos del siglo XX, mi gobierno se preocupará de garantizar el acceso universal a la sociedad de la información.” (Mensaje Presidencia, 21 mayo 2006)

Internet es crecientemente un servicio básico y tiene una importancia estratégica para el desarrollo nacional. Una polí­tica como la sugerida no supone violar la legalidad ni menos el libre funcionamiento del mercado. Sólo se trata de pensar el tema del acceso a Internet con una perspectiva de paí­s.

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