En este post quisiera profundizar un poco sobre el concepto de “Banda Ancha Social” que aparece sólo mencionado tangencialmente en la entrevista que me realizaron en el diario “La Tercera” del día de ayer.
Ver la entrevista AQUI.
Banda Ancha Social
El Estado debe garantizar el acceso a Internet para toda la población del país. Mientras antes implementemos dicha política, más pronto comenzaremos a cosechar sus frutos. No es simple cuestión de tecno-euforia: En Estados Unidos, la Brookins Institution (un prestigioso centro de investigación) ha calculado que tener una red nacional de banda ancha podría generar 1.2 millones de empleos, mientras que el no tenerla podría haber causado la pérdida de 750.000 empleos.
Debemos avanzar hacia una infraestructura de banda ancha de uso público. Eso parece ser un hecho. Sin embargo, las modalidades específicas en la que una política de esa naturaleza podría finalmente implementarse tienden a ser menos claras.
En un extremo, uno podría sugerir que el Estado debería poseer (controlar) la infraestructura necesaria para garantizar una red de acceso público, que a modo de ejemplo, podríamos igualar a construir una carretera nacional, como la Ruta 5, es decir, la carretera que nos une físicamente con el resto del mundo. Lo anterior implica un retorno al rol empresario del Estado, situación que probablemente no sería muy popular en el contexto actual.
En el otro extremo, el Estado podría “comprar” a los privados el derecho de uso o concesionar la construcción de una cierta infraestructura de conectividad. En la práctica, esto es algo que ya esta haciendo, por ejemplo, con la red nacional que administra el Ministerio del Interior.
Considerando la rápida evolución tecnológica, parece tener más sentido una estrategia en la que el Estado suscribe contratos con empresas privadas para que sean éstas las que le provean de la mejor Internet posible, en vez de ejecutar gastos enormes en una tecnología que en dos o tres años podría quedar obsoleta o relegada a un segundo plano, por ejemplo, el cambio de Internet vía módem, luego, Wi-Fi y ahora Wimax.
El problema de una estrategia como esta (en cualquiera de las dos formas) es que podría implicar un choque con las empresas privadas, las que con justa razón podrían demandar al Estado por violar las leyes vigentes. Por ejemplo, si grandes empresas como Telmex o Entel entraron al negocio Wimax (y están invirtiendo para levantar la infraestructura necesaria) es porque existían certezas legales que garantizaban reglas del juego claras.
La única salida razonable para esta situación es aprovechar la ventaja que la propia evolución de la tecnología ofrece. Me explico. Hoy por hoy, la mayor parte de los usuarios de Internet que tienen banda ancha están navegando a velocidades sobre 160kbps, existiendo en el mercado nacional velocidades que pueden superarla en al menos 10 veces. El desarrollo de una cultura digital y la generación de contenidos más “pesados” (videos, juegos, file sharing, etc.) ha llevado que países como Estados Unidos o Japón cuenten cada día con mayores velocidades. En Korea del Sur, probablemente el líder mundial en estos momentos, sobre el 70% de los hogares tienen Internet ADSL con velocidades sobre 1MBps.
La consecuencia práctica de esto: Para las empresas será cada vez menos atractivo vender paquetes de velocidades entre 56k-128kbps puesto que los clientes se van moviendo a las velocidades superiores en la medida que se van transformando en usuarios más intensivos de Internet. (ver imagen)
Ese rango de conectividad de Internet (56k-128kbps) es lo que en mi opinión debería garantizar (en el corto plazo) el Estado a toda la ciudadanía. A esto es lo que yo llamo BANDA ANCHA SOCIAL, es decir, una política pública que permita un acceso a Internet generalizado y con una visión solidaria. Para que este esquema funcione, las empresas tendrían que ofrecer como Internet Banda Ancha el rango por sobre 128kbps, dejando lo que esta por debajo de eso para que el Estado pueda administrarlo. Obviamente el Estado debería asumir el costo de esta política y priorizar su distribución (por ejemplo, potenciando el programa Enlaces, la Red Nacional de Infocentros o Biblioredes), pero en cualquier caso, es algo que deberíamos tener masivamente antes del bicentenario.
Uno podrá reclamar muchas cosas respecto de esta propuesta, por ejemplo que es una velocidad inaceptable (aunque mucho mejor que vía módem), pero no debemos olvidar que la mayoría de las aplicaciones más básicas (navegar, leer correo, chatear e incluso hablar por skype) pueden funcionar con velocidades cercanas a 128kb. Complementariamente, cuando uno señala que sería deseable ofrecer “banda ancha para todos”, es importante entender que desde un punto de vista económico es más eficiente moverse progresivamente en este caso. Más adelante, cuando tengamos una cantidad mayor de usuarios y necesidades, podemos pasar a otros niveles más avanzados, como en el caso de esta campaña en EEUU.
Igualmente, se podría sugerir que esta política rompe el rol subsidiario del estado y lo hace intervenir de manera inaceptable en los asuntos propios del mercado, respecto de lo que se podría señalar que, en el fondo, esta política debería ser entendida también como una manera de facilitar el “contagio” con Internet (crear mayor demanda), por lo que en el largo plazo las empresas se beneficiaran de todos modos al tener a un volumen creciente de clientes en condiciones de adquirir mayores velocidades.
Además, el argumento político de fondo es el mismo que ya indicó la Presidenta Bachelet: “El acceso a las tecnologías de la información será una prioridad. Ellas son la infraestructura invisible de esta nueva época. Así como la electricidad y el agua potable fueron los servicios básicos del siglo XX, mi gobierno se preocupará de garantizar el acceso universal a la sociedad de la información.” (Mensaje Presidencia, 21 mayo 2006)
Internet es crecientemente un servicio básico y tiene una importancia estratégica para el desarrollo nacional. Una política como la sugerida no supone violar la legalidad ni menos el libre funcionamiento del mercado. Sólo se trata de pensar el tema del acceso a Internet con una perspectiva de país.
Tags: Noticias, personas by Luis Ramirez
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Damos la bienvenida a nuestro miembro número 100. Nos tomó un poco más de 5 meses en alcanzar este número de inscritos. En este caso, estamos contentos de recibir en esta comunidad a don Jaime Peña, periodista de la Universidad Católica de Chile, con un Post-Grado en Comunicaciones Corporativas,corresponsal de revistas extranjeras en temas de economía y relaciones internacionales, director del portal de negocios del centro del Cono Sur de Sudamérica, Tempo Comunicaciones.cl
Probablemente la historia la hemos escuchado muchas veces. La Constitución Política de la República de Chile establece este principio de Subsidiariedad que limita la acción del Estado a todas aquellas materias que no puedan realizar los privados. La paradoja de la subsidiariedad en el caso de Internet es que los privados si pueden y quieren masificar su uso, pero comercialmente no les resulta rentable realizar las instalaciones y mantenciones de INDIVIDUOS aislados (por ejemplo en sectores rurales) o con áreas con población mayoritariamente pobre. Eso deja fuera de la Sociedad de la Información a la mayoría del país.
profesionalmente reacondicionado a organizaciones sin fines de lucro, con el objeto de disminuir la brecha digital.