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El Senador Alejandro Navarró realizó una presentación en el Congreso el pasado 18 de Julio para insistir en sus crí­ticas al acuerdo entre Microsoft y el Gobierno de Chile.

A continuación transcribimos textualmente ese discurso que incluye elementos bastante relevantes de considerar en torno a la promoción del software libre.

ACUERDO MARCO ENTRE GOBIERNO DE CHILE
Y EMPRESAS MICROSOFT CORPORATION Y MICROSOFT CHILE
Sesión 36ª, miercoles 18 de julio de 2007

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en otro término, he recibido como respuesta a un oficio que dirigí­ al Ministro de Economí­a, como responsable del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, dos documentos: uno, un colorido folleto con el plan de la empresa Microsoft para el Bicentenario de Chile, y dos, una copia del Acuerdo Marco de Colaboración suscrito por el Ministro de Economí­a, Alejandro Ferreiro, con Microsoft Corporation y Microsoft Chile, representadas estas dos últimas empresas por Craig james Mundie, Director de Investigación y Estrategia de dicha transnacional, y Hernán Orellana, gerente general de Microsoft Chile.

Llama la atención en el plan bicentenario para Chile que tiene Microsoft que se señale que se ha desarrollado esta iniciativa porque Chile ha sido escogido por ellos debido a su estabilidad polí­tica e institucional y los buenos resultados y proyecciones económicas, junto a otros veinte paí­ses -comillas- “para apoyar la utilización de las TIC’s (Tecnologí­as de la Información y la Comunicación, en plural), como una herramienta clave para mejorar la enseñanza, fomentar la innovación y asegurar la eficiencia de los procesos de las pequeñas y medianas empresas”.

Nos sorprende también cuando nos informa que la CORFO está desarrollando un modelo de gobierno electrónico, mediante una plataforma de firma electrónica en un ambiente Windows que busca automatizar en forma integral todos sus procesos, internos y externos.

El Acuerdo Marco, por su parte, firmado el 9 de mayo, nos permite conocer las once iniciativas que el Gobierno y Microsoft han acordado desarrollar: capacitación digital, domicilio digital, municipio digital, escuela innovadora en Chile, escuelas conectadas, profesores innovadores, pequeña empresa en el siglo XXI, acceso tecnológico para sectores de escasos recursos, colaboración en el fomento de una Internet segura, colaboración con el Gobierno en materia de seguridad informática, centros de innovación y emprendimiento Microsoft y la iniciativa de innovación para la competitividad.

De este acuerdo, joint venture o sociedad, como es definido en el Acuerdo Marco, nos llama poderosamente la atención el punto referido al domicilio digital, en que se señala que el Ministerio de Economí­a se compromete a contar la infraestructura computacional básica para la carga de cuentas de ciudadanos, y se compromete a contratar la asesorí­a de implementación de cargo de ciudadanos. Para tales efectos, el Ministerio de Economí­a se coordinará con el Registro Civil.

La verdad, señor Presidente, que este compromiso no me queda del todo claro, porque con una lectura simple lo que uno podrí­a deducir de esta frase es que el Servicio de Registro Civil le entrega a Microsoft una base de datos de ¡todos los chilenos! para construir la Plataforma Live, para promover los servicios de correos, comunicación al instante, los blogs y acceso a los mismos a través de los celulares, respectivamente, para 15 millones de usuarios, a los que se compromete Microsoft en este mismo punto.
O sea, la base de datos de todos los chilenos a la empresa Microsoft, para acceder libremente a toda la información disponible de todos los chilenos.

También resulta sorprendente este rol de intermediario comercial que realiza el Ministerio de Economí­a, entre otras Carteras, y subsecretarí­as con Microsoft, como ocurre en la letra c), municipio digital, en que el Ministerio de Economí­a se compromete a coordinar con la Subdere -comillas- “las acciones tendientes a generar una oferta a los municipios que les permita contratar los servicios de consultorí­a requeridos para la personalización de los portales e implementación” que Microsoft ofrece desarrollar comprometiendo, incluso, -comillas- “el uso no exclusivo del código fuente de su solución de portales municipales y aceleradores para la personalización de los mismos”.

Después de esta lectura de este Acuerdo Marco, señor Presidente, surgen centenares, miles de dudas. Una de ellas es, Microsoft compromete una inversión de poco más de 7 millones de dólares en un plazo de tres años para estas diferentes iniciativas señaladas, a que se compromete el Gobierno de Chile en materia de recursos económicos? ¿De dónde saldrán estos recursos? Porque no recuerdo haber tenido a la vista durante la última discusión presupuestaria í­tems de inversión en este tipo de sociedades tan particulares.

Aquí­ no ha habido ningún proceso de buscar la mejor oferta del mercado. Aquí­ se hace un contrato directo con la empresa. Cierto, una buena empresa, comillas, “una buena empresa”.

Cuando hablamos de de instalar y habilitar computadores, de instalar sistemas en municipios, escuelas, pymes, ¿está incluido el pago de la licencia o ese será un pago que los ministerios, los municipios y las empresas deberán asumir como contraparte de estas iniciativas?

¡Catorce mil millones de pesos, solo en los siete ministerios que nos respondieron el año pasado, detectamos en el pago de licencias computaciones. ¡Catorce mil millones! Se paga licencia por cada programa, por cada computador. De los miles de computadores del Estado, cada uno de ellos debe pagar licencia hoy dí­a a Microsoft porque, en definitiva, se ha optado por la plataforma Windows, desechando, por cierto, el software libre y la plataforma Linux.

Entonces, estos negocios que el Estado chileno hace con Microsoft le asegura a Microsoft el pago de una licencia anual, porque además cambia los programas cada año.

Nos gustarí­a que el Ministro Ferreiro pudiera explicarnos con mayor detalle estos aspectos.

Los paradojal, señor Presidente, es que, paralelamente a este serie de compromisos contraí­dos entre el Gobierno y Microsoft, el Programa de Naciones Unidas -esto es lo extremadamente ridí­culo- para el Desarrollo (PNUD), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la CORFO y el propio Ministerio de Economí­a, con el aporte de 350 mil dólares del Gobierno de Japón, a través del Fondo Temático de tecnologí­a de la Información, que también es administrado por el PNUD, han concluido un estudio -escuchen bien- denominado “Mejoramiento de la gestión y uso de las Tecnologí­as de la Información de las mipymes y gobiernos locales a través de software libre”, ¡a través de software libre…! Es decir, mientras por una parte se hace un esfuerzo de inversión con el Gobierno de Japón, con los empresarios, para apoyar a las mipymes en el software libre, que no requiere pago de licencia, el Ministerio de Economí­a se llena de contratos, hace “mandadero”, hace de correo, hace de “vendedor a la puerta” de una empresa que, en definitiva, lo único que quiere es el pago de la licencia.

Este proyecto, a todos luces innovador -el proyecto del PNUD para software libre- tiene como objetivo identificar y caracterizar las aplicaciones informáticas verticales, transversales y de mejoramiento y uso de las TICs en las mipymes, basadas en software libre y que potencien los siguientes sectores productivos: productos del mar (no extractivos), preferentemente en la Cuarta y Décima Región; elaboración de frutas (congelados, deshidratados), preferentemente en Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Región; muebles y productores madera, preferentemente en la Región del Biobí­o -mi Región-, la Novena y la Región Metropolitana.

Lo anterior también considera múltiples posibilidades de desarrollo del uso de la telefoní­a IP, que, como saben los colegas Senadores, señor Presidente, es aquella comunicación telefónica que se hace a través de Internet.

Ya Telefónica perdió la batalla en la Corte Suprema. Y cabe que el Estado de Chile y este Senado adopten la telefoní­a IP, para que podamos tener comunicación con nuestros distritos y nuestros electores de manera clara, directa y muy, muy, muy económica, y no las millonarias cuentas que hoy dí­a tenemos con Telefónica.

Yo dirí­a no deberí­a pasar un minuto en que este Congreso y este Gobierno, que quiere ahorrarle plata a todos los chilenos, adopte la telefoní­a IP, porque ya superó la barrera impuesta por Telefónica. Y yo creo que eso es lo deberí­a ser si efectivamente estamos por tener un uso eficiente de los recursos.

El resumen ejecutivo de este proyecto parte diagnosticando que, por razones de costo, en la mayorí­a de los casos, las TICs son sólo un segmento muy particular de organizaciones, es decir, para aquellas que puedan solventar las fuertes inversiones que demanda la adquisición, implementación o, incluso, el desarrollo de una solución tecnológica.

“Por lo anterior” -prosigue el proyecto- “pareciera casi imposible que una micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME) pudiese acceder a las bondades de las TICs. Sin embargo, en la última década se ha producido un movimiento muy importante en el ámbito del desarrollo del software” -es mentira que la microempresa no pueda acceder al software libre- “Se trata del Software Libre, el cual puede ser definido como cualquier programa cuyo código fuente fue escrito con la intención declarada de dejarlo disponible para ser usado, y eventualmente modificado, por terceros. El Software Libre es usualmente desarrollado como una colaboración pública entre varios programadores y puesto a disposición de la comunidad en forma gratuita”.

El INP, la Universidad del Biobí­o y muchas instituciones lo están adoptando, porque se niegan a pagar las millonarias patentes a Microsoft.

El informe concluye recomendando que, dado que no existe una metodologí­a que muestre en detalle cómo realizar un proyecto de implementación de herramientas de software libre en las pymes nacionales, la realización de un programa piloto, el que es descrito en forma detallada a lo largo del texto. Hay propuestas. Este piloto permitirí­a la implantación gradual de la herramienta del software libre seleccionada; su adaptación a los procesos de negocios de la empresa; el entrenamiento paulatino de los usuarios; la migración de datos desde las plataformas precedentes, incluso si estas no existen y todo se maneja en papeles, los trasladamos, la digitalizamos; la formalización de buenas prácticas en su uso y adaptación, y, lo que es más importante, la generación de un nuevo conocimiento sobre cómo se debe implementar un proyecto de esta naturaleza en la mipyme.

Otra cosa que llama la atención, Presidente, en este estudio, de 249 páginas, son las cifras relativas al uso de software libre en Chile, señalando que “en Chile no existen estudios generales sobre uso de Software Libre. Uno de los pocos estudios que entrega información de interés es el estudio ‘Eficiencia económica del software libre en el sector público: el caso de Chile’, elaborado por Matthias Sax el año pasado”. Por cierto, hay estudios.

“A pesar de lo interesante de los datos recopilados -dice en el estudio Sax- es en el ámbito particular del Gobierno, lo que en general no permite hacer algún tipo de conclusión respecto a nuestro paí­s ni en particular respecto a las MIPYMEs”.

El estudio de Sax, pese a esta conclusión, nos entrega datos muy interesantes, como que en el marco de la investigación se encuestó a 260 encargados de TICS en el Gobierno de Chile, revelando que en el 48 por ciento de las instituciones públicas consultadas utilizan de alguna u otra manera software libre. ¿En qué quedamos? La gente le está ahorrando plata al Estado. Buenos empleados públicos, buenos servidores públicos. Están desarrollando por su cuenta, sin ningún tipo de instrucción el software libre.

Lamentablemente, a pesar de este estudio, no existe hoy en dí­a claridad respecto al nivel real de uso y desarrollo del software libre en Chile. Al respecto, es extremadamente importante poder analizar qué ocurre con el desarrollo del software libre en Chile, tanto para proyectos locales como globales. Ese es el desafí­o que debe tener el Ministro Ferreiro, el Ministro de Economí­a.

Esto, puesto que la participación activa en el desarrollo de proyectos de software libre es un elemento fundamental para que efectivamente surjan comunidades y proyectos de importancia en el ámbito local, especialmente para los que apuntan a resolver problemas locales o particulares, por ejemplo, la factura electrónica.

En ese sentido, resulta fundamental, nos dice el estudio el PNUD y de la SOFOFA, generar incentivos para que los futuros profesionales y técnicos de las áreas relacionadas con la informática conozcan y participen activamente en los proyectos de software libre desde las etapas más tempranas de su formación.

Adicionalmente, este proyecto desarrollado por los profesionales de la Universidad de Chile nos entrega datos comparativos con otros paí­ses, como el realizado en el sector público de Europa el 2005, que consistió en la realización de una encuesta en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, Polonia, España, Suecia, el Reino Unido, partiendo de un universo de 4 mil 138 organizaciones.

Los principales resultados de este estudio mostraron que:

-Prácticamente el 49 por ciento, la mitad de las autoridades de los gobiernos locales reconocen uso explí­cito de software libre. Sin embargo, un porcentaje adicional importante, 29 por ciento, utilizan algún tipo de software libre, pero sin tener claridad de que se trata de software libre.

-Existe demanda de servicios: El 70 por ciento de los usuarios de software libre y el 38 de los no usuarios desea incrementar el uso. Mayor conocimiento sobre software libre lleva a un mayor deseo a utilizar este tipo de soluciones, independientemente del uso o no actual.

-Más de un quinto de quienes desean incrementar el uso del software libre desean realizar una migración completa a este tipo de soluciones. Nos queremos ir a software libre. Así­ debiera ir también el Congreso Nacional.

-Las restricciones presupuestarias tienden a producir un uso “sin conocimiento” de software libre. Como no se conoce, se va, pero efectivamente se hacen las cosas mal. Hay que ir asesorado. Eso es lo que estamos pidiendo al Gobierno: estudios que permitan a la gente que quiera migrar a software libre que lo haga, porque va a ahorrar plata él, el Estado, y, efectivamente, la familia.

-Los costos de licencia representan alrededor del 20 por ciento de los presupuestos de tecnologí­as de la información. La mitad de los encuestados considera que ese valor es muy alto. Esta percepción también es un incentivo para considerar el uso de software libre en el futuro, especialmente entre quienes no son usuarios actualmente.

Si Chile quiere ser un paí­s digital y gastamos mucho dinero en eso, tenemos que educar en el software libre, porque los usuarios no van a tener cómo pagar a Microsoft la licencia para cuando estén en uso digital activo. No hay cómo pagarla, salvo que queramos ir encalillándonos, endeudándonos de manera progresiva.

Como se puede apreciar, señor Presidente, y como ya lo he señalado antes en esta Sala, el uso de software libre no es una moda, no es un tema exclusivo de profesionales del área de la computación y la informática. En gran parte del mundo privado, y en las partes de la polí­ticas públicas existe. Pero también hay interés en el mundo privado y en la ciudadaní­a.

Y por eso no tenemos ningún problema en decir que, al parecer, ha sido el empresariado, representado en este caso por la SOFOFA, el que trabajando en conjunto con el PNUD y la Universidad de Chile, y contando con el apoyo del Gobierno de Japón, quienes mejor han entendido esto. Y por eso han decidido dar este paso, que para muchos aparece hoy como irrelevante, pero que estoy seguro, totalmente seguro, permitirá obtener grandes logros a las mipymes que se incorporen a su uso.

Mientras tanto, seguiremos intentando entender este afán de nuestro Gobierno, que yo no comprendo ni justifico, en insistir en alejarse del principio de la neutralidad tecnológica, compartido por la comunidad internacional, en el mundo, en Europa; lo hizo Lula en Brasil. Neutralidad tecnológica, software libre. Pero en Chile seguimos insistiendo en el pago millonario de licencias, renunciando a opciones tecnológicas más baratas y de igual calidad.

Por eso confiamos en que el Gobierno ha cumplido su compromiso contraí­do en una indicación del propio Ejecutivo surgida al calor de la discusión del Presupuesto aquí­, en esta Sala, del 2007, de conformar un grupo de trabajo interministerial para generar un mecanismo de fórmula para integrar el software libre al Estado chileno, lo que permite, y permitirá, ahorrar mucho dinero al Fisco.

Finalmente, quiero reiterar una solicitud que hiciera hace tiempo atrás al Ministerio de Educación, respecto de contar con antecedentes de la polí­tica de integración de tecnologí­a al sistema escolar denominado “Ruta Digital de la Educación”. No sé dónde están llevando a nuestros educandos ni a qué ruta digital, señor Presidente, indicando si, más allá de los indicadores de cobertura, este plan considera lo establecido en los instructivos presidenciales sobre Agenda Digital, especialmente en lo referido al uso de diversificar las plataformas.

También quisiera solicitar al Ministerio de la Secretarí­a de la Presidencia nos informe del estado de avance del estudio técnico comprometido en la indicación 295, de fecha 7 de noviembre del 2006, que con cargo a la glosa 02, subtí­tulo 24, í­tem 03, de asignación 402 del Ministerio, “Programa de Reforma y Modernización del Estado” para establecer “un conjunto de recomendaciones relacionadas con el uso de plataformas de código abierto en el desarrollo y soporte de sistemas informáticos en las entidades de Gobierno”. Este fue el compromiso de Velasco en esta Sala. Yo voté a favor de ese presupuesto. Vote a favor de la partida con el compromiso de que el Ministro iba a hacer este estudio. Queremos saber cuán avanzado está, porque ya el próximo mes comenzamos con el debate presupuestario y no lo conocemos.

También quiero pedirle a CORFO -termino, Presidente- nos remita la información detallada acerca del desarrollo de un modelo de gobierno electrónico mediante una plataforma de firma electrónica en un ambiente Windows, que busca automatizar en forma integral todos sus procesos internos y externos, según consta en el marco del acuerdo del Ministerio de Economí­a y Microsoft, porque esto va en lí­nea contraria a lo que hemos venido debatiendo de ahorrarle las platas al Estado y del estudio que le hemos pedido al propio Gobierno.

Por último, pedirle al Ministro de Economí­a informe en detalle los alcances de este acuerdo marco, especialmente lo relativo a la eventual entrega de los antecedentes de parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, precisando si esta información se le dará a Microsoft y en qué condiciones. Nos señale los aportes financieros que ha comprometido el Gobierno en su desarrollo y nos diga con claridad si estos compromisos significarán a la larga el pago de millonarias patentes por parte de los Ministerios, los servicios o el propio Gobierno. No estoy dispuesto a poner la base de datos de todos los chilenos en manos de una sola empresa si no hay claridad de cómo se va a utilizar.
Quiero que todos los oficios pedidos, señor Presidente, puedan ser despachados y contestados a la brevedad, ojalá antes de los treinta dí­as, para poder enfrentar el debate presupuestario del 2008 de la mejor forma.

He dicho.

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